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El sector inmobiliario enfrenta actualmente una serie de desafíos que requieren la implementación de mecanismos de control robustos para proteger a los consumidores y usuarios. La prestación de servicios de intermediación inmobiliaria debe regirse por requisitos mínimos obligatorios de capacitación y solvencia profesional, garantizando así la calidad y fiabilidad de los servicios ofrecidos.
El Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM) ha destacado la necesidad urgente de establecer medidas de protección en el ámbito legislativo. Esta demanda surge en un momento crítico donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema severo, exacerbado por la falta de regulación adecuada en el sector inmobiliario. La ausencia de controles facilita la proliferación de estafas, fraudes y abusos que vulneran los derechos y garantías de los consumidores y usuarios, debilitando la confianza en el mercado inmobiliario.
En sus alegaciones al Anteproyecto de Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, COAPIMADRID – AIM subraya la importancia de que las agencias y agentes inmobiliarios acrediten el cumplimiento de requisitos básicos para ejercer su actividad. Entre estos requisitos se incluyen la capacitación profesional, que abarca formación y experiencia, así como la contratación de seguros de responsabilidad civil y de caución. La implementación de herramientas de control que verifiquen estas condiciones ofrecería una garantía adicional a los consumidores, fortaleciendo la transparencia y seguridad en las transacciones inmobiliarias.
La falta de regulación no solo dificulta la lucha contra el fraude, sino que también complica la protección del consumidor y la conservación del patrimonio de las personas. Esto se traduce en una menor seguridad jurídica durante todo el proceso precontractual y contractual de compraventa y arrendamiento de vivienda. Además, contraviene los principios fundamentales de la Ley 12/2023 sobre el Derecho a la Vivienda, que persigue asegurar el acceso a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos.
Por lo tanto, es imperativo adoptar medidas legislativas que amparen a los consumidores y usuarios, estableciendo un marco normativo sólido que regule la actividad inmobiliaria. Estas medidas no solo contribuirán a reducir las incidencias de fraude y abuso, sino que también promoverán un mercado inmobiliario más justo y seguro, facilitando el acceso a la vivienda en un contexto donde la demanda supera ampliamente la oferta.
En conclusión, la introducción de controles estrictos y la exigencia de requisitos profesionales sólidos son esenciales para garantizar la protección de los derechos de los consumidores en el sector inmobiliario. La propuesta de COAPIMADRID – AIM representa un paso significativo hacia la creación de un entorno más seguro y confiable, capaz de responder a las necesidades actuales y futuras del mercado de la vivienda.
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